Ha sido noticia esta semana, la propuesta que ha realizado el Partido Popular para que se produzca una reforma en el sistema electoral a la hora de elegir los concejales y alcaldes de pueblos y ciudades.
Para evitar, según el Gobierno los ¨pactos de perdedores¨ aunque también es cierto que en muchos municipios de nuestra tierra, el Partido Popular ha llegado al poder municipal mediante pactos o incluso tripartitos, no respetando la lista más votada. El 2015 se está caracterizando por su intensidad electoral, después de las citas autonómicas y municipales llegamos sin lugar a dudas a la gran cita electoral del año, las elecciones generales.
Aún sin fecha exacta, los ciudadanos estamos llamados a elegir a los 350 representantes que compondrán nuestra cámara baja, ahora bien ¿Cómo son elegidos esos 350 diputados?
Nuestro Congreso es elegido mediante un sistema proporcional tal como establece nuestra Constitución en su artículo 68. La aplicación de este sistema tenía sentido con el nacimiento de nuestra democracia, ya que era necesario crear un sistema que diera estabilidad a los gobiernos e impulsará el nacimiento de un sistema político estable.
El Congreso se compone de 350 diputados que representan a 52 circunscripciones. El reparto de diputados por circunscripción se hace según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Hay circunscripciones con más valor que otras, por ejemplo la circunscripción de Madrid aporta 36 diputados mientras que la circunscripción de la provincia de Jaén aporta solamente 6 diputados. Por lo tanto el voto no vale lo mismo en nuestra tierra que en otras regiones, ¿es esto justo? Nuestro sistema en definitiva permite que haya ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría.
También favorece a los partidos regionalistas como CIU o PNV ya que al concurrir en circunscripciones importantes como Bilbao o Barcelona tienen más opciones de obtener representación que partidos minoritarios que presenten listas en todo el territorio español. Un ejemplo evidente fue en las elecciones de 2008, IU consiguió el 3,81% de los votos en toda España, pero sólo obtuvo el diputado de Gaspar Llamazares por la circunscripción de Madrid.
Mientras, que ERC consiguió el 1,14% de los votos en el conjunto del Estado, pero tuvo más diputados al conseguir mejores resultados en las circunscripciones en las que se presentaba en Cataluña, obteniendo en definitiva 3 diputados, 2 en la circunscripción de Barcelona y 1 diputado en la circunscripción de Girona.
¿Cuál sería la solución? Partimos de una premisa clara, no hay sistema electoral que no tenga defectos, pero mejoraríamos nuestro sistema electoral con reformas como, cambiar las circunscripciones provinciales por circunscripciones autonómicas, algunos autores defienden una circunscripción única pero esta medida únicamente sería viable en territorios pequeños y homogéneos.
Ha llegado el momento de reformar nuestro sistema electoral para que el Congreso siga representando a todos los españoles, una reforma vital y necesaria que necesita el apoyo de cuantos más grupos políticos mejor y de mucho diálogo por parte de todos, como sinónimo de un sistema político que iba necesitando una revisión demandada por muchos.
Solución, cada español un voto y lista única para todo el país, por lo que la proporción de votos estará ligada con el número de escaños. Lo de gobernar la lista más votada o coalición de minorías que lo discutan los afectados.
Por lo menos razona sus argumentos…no como otros ‘habituales’. Da gusto leer a gente ‘fresca’.
¿Es usted pariente del columnista?, discrepo en el razonamiento de sus argumentos, en los dos artículos que ha escrito se ha limitado a poner vanalidades (no digamos la oda al ex-ministro griego).
Por supuesto, totalmente de acuerdo con el artículo. Pero aquí chocaríamos de frente con los intereses nacionalistas, sobrerrepresentados en el congreso. Se descarta esa reforma por la sencilla razón de que la singular izquierda española no apoyaría nada que molestase a los nacionalistas, sería una provocación, un golpe de estado, etc. La izquierda en cambio sí apoyaría que los nacionalistas tuviesen un tribunal supremo catalán de última instancia que otorgase carta de legalidad a cualquier decisión que se adoptase en el parlamento de Cataluña por descabellada que fuese. O que los impuestos que se generan en Cataluña reviertan en su totalidad en dicha comunidad autónoma.