Andaba yo dándole vueltas al caso Pallerols y al Auto dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona, cuando ¡de repente! me he encontrado con la noticia de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por fin, (ha tardado cuatro años) ha resuelto una cuestión prejudicial interpuesta por un juez español, sobre la legalidad de la ley hipotecaria.

Estos dos casos por razones diferentes me hacen pensar, por un lado, en que todo no está perdido y, por otro, que los “brotes verdes” son en realidad la coherencia y el sentido común y no las grandes cifras macroeconómicas que están sirviendo de excusa para arrebatarnos, a algunos, 30 años de vida, de derechos y de conquistas sociales.

Como decía, en el primer caso, tras declararse culpables para “presuntamente” evitar entrar en prisión, finalmente la Audiencia de Barcelona no ha considerado la petición de los sentenciados y ha dictado un Auto para que entren en prisión. Pero, ¿Por qué esto es noticia?, pues primero porque no es lo habitual, segundo por el tipo de delitos por los que han sido declarados culpables y tercero por el sentido común y la equidad que demuestran los magistrados de la Audiencia que han dictado este Auto y que permiten atisbar un rayo de luz y de esperanza en nuestra justicia y en los encargados de impartirla.

En el Auto se recoge que la Sala ha decido que ante un caso de financiación ilegal de un partido político, los condenados no pueden eludir la pena de prisión porque esto alentaría a seguir cometiendo estas conductas. También se hacen eco del sentir popular ante los delitos de corrupción en un momento como el actual en el que las clases medias y bajas están sufriendo una situación casi insoportable, entre otras razones, por las decisiones políticas que se han tomado en este país. También hay en este Auto un voto particular, el del magistrado presidente, que no está de acuerdo y que piensa que no hay razones suficientes para no permitirles eludir la prisión. En fin, como hay enlaces que se añaden al final, que cada cual vaya a las fuentes y saque sus propias conclusiones. Yo me felicito de ver como unos jueces se bajan del estrado y levantan sus cabezas de los códigos para aplicar la JUSTICIA y dejar que en sus Salas se cuelen el sentido común y el sentir de la sociedad a la que se han de aplicar las leyes.

En el sistema anglosajón de justicia, “grosso modo”, son precisamente los jueces los que consolidan derechos a través de sus sentencias y no es la Ley quien los concede. Por eso en multitud de películas podemos ver a personas con pancartas a las puertas de los juzgados. Sin embargo, en el sistema continental, el nuestro, los derechos los peleamos en manifestaciones delante del Congreso y frente a los gobiernos. Por eso considero fundamental la actitud de estos magistrados que, sin menoscabar los derechos de los sentenciados, han sido congruentes con la sociedad en la que tienen que aplicar las leyes y coherentes con la situación actual, el sentir ciudadano y el reproche que causan los delitos por los que han sido sentenciados y que están relacionados con la financiación ilegal de un partido político.

Por otro lado, la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que será conocida como sentencia “Mohamed Aziz”, ha proclamado la ilegalidad de la legislación española en materia de hipotecas por la clara y evidente desprotección que provoca en los consumidores, esto es en quienes van a pedir una hipoteca a un banco. Esta noticia es importante no solo por las consecuencias que va a tener sino también porque nos pone frente a la importancia que tiene la existencia de la Unión Europea. No es la primera vez que escribo sobre este tema, creo que ya ha quedado claro, en anteriores ocasiones, que soy una europeísta convencida. Esto me hace ser doblemente crítica con la actuación de los gobiernos que están provocando desde hace varios años la paralización de las instituciones en la Unión. Y son sentencias como ésta las que hacen que la ciudadanía europea visibilice la importancia de lo que sucede y se decide tanto en Bruselas como en Estrasburgo o Luxemburgo, donde se encuentran las sedes del Consejo, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia.

Las directivas comunitarias y los reglamentos no son, de ninguna manera, papel mojado, sino que pueden y deben ser alegados ante los tribunales nacionales, desde un juzgado hasta el Tribunal supremo. Sin embargo, el desconocimiento tanto de la abogacía como de la judicatura, es la mayoría de las veces, el responsable de que se infrautilicen los instrumentos jurídicos que nos otorga a los ciudadanos la legislación comunitaria.

En esta ocasión quiero felicitarme por la sentencia, felicitar tanto al abogado, como a su cliente por la valentía y la paciencia, al juez que planteó la cuestión prejudicial por su diligencia y a la sociedad porque por fin tenemos un instrumento para obligar al gobierno a cambiar una ley que debió ser cambiada hace varios años y varios gobiernos y que ha provocado muertes innecesarias.

Otra ocasión habrá para opinar sobre el contenido de la sentencia, ahora sólo quiero disfrutar de estos dos ejemplos en los la justicia recobra las mayúsculas.