Realizo este escrito sobre algunos artículos de la Constitución Española, que a mi juicio y transcurridos 34 años desde su promulgación, sobre los derechos de los españoles, han quedado en el olvido.

Me voy a referir a los artículos 39 y 47, que paso a resumir:
El artículo 39 dice en su primer párrafo “los poderes públicos aseguraran la protección social y económica y jurídica de la familia” siguen otros párrafos sobre las obligaciones de los padres y los derechos de los niños pero me voy a referir al apartado indicado.
El artículo 47 si me permiten voy a copiarlo al menos en sus primeras líneas “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes, para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.

Por tres veces me he releído la Constitución de 1931, y lo más cercano a esto es cuando en el artículo 43 párrafo 2º dice: “Los padres están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes, y se obliga subsidiariamente a su ejecución.” y en el artículo 46 de la misma, cuando dice en su párrafo 2º “La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna” Al menos en el adjetivo digno coinciden.
También me he releído el “Fuero del Trabajo” y el “Fuero de los Españoles” ambas leyes fundamentales de la fenecida y bien fenecida dictadura. En los mismos tampoco falta el adjetivo digno o digna.

La historia de la Protección a la Familia, en España, es verdaderamente penosa, conocen Udes., que la prestación por hijo es mensualmente de 24,25 € pero siempre que los padres, no superen un límite de 11.376,66 € anuales, con una escala de mínimos progresiva, que con 10 hijos es de 26.735,16 €. Si tenemos en cuenta que el salario mínimo es de 8.979,60 € anuales, un matrimonio en que los dos conyugues cobrasen esta cantidad mínima en sendos trabajos, deberían tener, cinco hijos para poder acceder a esta ayuda del Estado, vergonzoso, si se tiene en cuenta que esa ayuda, según los datos que he podido encontrar que son del 2005, en otros países es como sigue: La media en la Unión Europea de 15 países era de 311 € mensuales y en países como Alemania de 514, Francia 425, o Austria 627, siendo en los mismos una prestación universal, es decir que la cobra todo el mundo, sin contar para nada la renta. La nuestra no se ha incrementado desde el año 2000 cuando se estableció

Solo los mayores, nos acordaremos de cuando algunos de nuestros padres, cobraban los puntos, cinco por estar casado y uno por cada hijo. Eran tiempos difíciles, no era algo igualitario pues se calculaba según el número de trabajadores en las empresas, y la relación entre solteros y casados con hijos daba el valor al punto, que claro esta cambiaba cada mes. Puedo contarles que algún mes lo que cobraba en puntos, mi padre superaba su salario. Años después en los últimos de la dictadura se unificó el sistema, y si la memoria no me falla, se cobraba lo que venía en llamarse plus familiar, 600 ptas. por matrimonio y 150 por cada hijo. Aún recuerdo cuando ya llegada la democracia, un día apareció en la prensa la anulación del plus familiar, un responsable socialista que aún está en política, manifestó “hay que eliminarlo, pues son resabios del franquismo”. Otro político socialista, el presidente Zapatero, creó una prestación universal, de 2.500 € por nacimiento, pero fue algo fugaz ya que fue eliminado, en lugar de tantas otras cosas posibles, al ser presionado por Merkel, al menos mientras duró tuvo algo de sensibilidad.

La familia en España, en contra de lo que dice la Constitución está totalmente desprotegida, pues son muy pocas las parejas que sus flacos ingresos le dan derecho a la mísera ayuda del Estado, máxime si la comparamos con otros países de nuestro entorno.
Además esta poca ayuda a la familia, está causando una bajada de la natalidad, solo suplida por la emigración, y que o mucho me equivoco o es la madre de todas las crisis, presentes y futuras.

Es evidente que aquí el Estado incumple la Constitución, pero partidos políticos, también la están incumpliendo, pues estos son entes pasivos que junto a los poderes públicos han abandonado a su suerte a la familia.

Todo español, tiene derecho a una vivienda digna, pero evidentemente la tiene que pagar, bien mediante compra, bien mediante alquiler o recibiéndola de nuestros mayores, seguramente los más afortunados.

El Estado ha de garantizar este derecho, que muy bien podría delegarse en los municipios, Ahí ayudas para la rehabilitación (cada vez más escasas) hay planes de vivienda de protección oficial VPO, que estaban relativamente bien cuando el promotor era honrado (quien no ha oído lo de que para comprar una VPO, había que dar un par de millones, antes de firmar el contrato de compra, en efectivo) falta muy grave del Estado (in vigilando) falta del promotor y falta también del comprador. En nuestra población tenemos actualmente unas viviendas sociales en el dique seco con un nombrecito “Residencial Jacaranda” ¿Cuándo estarán?

Serían buenas unas viviendas promovidas por los municipios, con unos alquileres bajos, que volvieran al mismo al cabo de 100 años, como vemos en Inglaterra o en Irlanda.
No hablemos de las promociones que han querido realizar los sindicatos y que acabaron la carrera de algún político y de algún conocido sindicalista, me refiero claro ésta a PSV Promotora Social de Viviendas de la UGT, y finalmente costaron el dinero a los contribuyentes al perdonar el Gobierno las deudas al Instituto de Crédito Oficial ICO.

Pero no todo ha sido siempre así, en este derecho, el de una vivienda digna, hay que reconocer que el franquismo desarrolló, una política social de viviendas encomiable en Linares, como en muchos otros lugares, desde la barriada Girón, la barriada de La Paz, la barriada de las Américas, o la Barriada Villalonga, esta última, para trabajadores de la mina y fundición “La Cruz”, de la que era presidente el señor Villalonga, destacado financiero del régimen, que da nombre a la barriada y que como tal no las hizo por gusto, sino obligado por decreto, en el que las empresas debían construir viviendas para sus empleados a precio de coste, claro aquello era una dictadura. Con la llegada de la democracia se hizo la barriada de Arrayanes, pero yo les invito a que visiten cualquier página web de inmobiliarias y comparen precios, y cuantos millones se han tenido que invertir en rehabilitar estas últimas.

En el asunto de los desahucios, lo primero que hay que considerar, es que cuando realizamos un acto de la importancia como la compra de una vivienda, debemos calibrar muy bien nuestras posibilidades y limitaciones, no podemos, ni debemos embarcarnos en una deuda tan considerable que ante las contingencias que puedan surgir en nuestra vida, la tengamos que incumplir.

Resulta palpable, que ya bien entrado el siglo XXI, no podemos realizar el contrato más importante de nuestra vida, como es la compra de una vivienda con una Ley del año 1946 o 1947, cuando este medio de crédito era inusual. El Estado con su pléyade de abogados y políticos, debería haberla cambiado, me da igual el gobierno que fuese, los socialistas o los populares. Debían haberse dado cuenta Notarios y Jueces. En fin era algo de sentido común.

Otro tema es el del incremento de los precios de los pisos, que en un primer lugar se basó en la especulación, todo lo contrario de lo que dice la Constitución, pero no especuló solo el propietario del terreno, fue el constructor que subió precios desaforadamente, los proveedores de materiales y como no las inmobiliarias, que aumentaron sus comisiones a porcentajes escandalosos, estaba claro lo de la llamada burbuja inmobiliaria, con una inflación entre 1997 a 2007 de un 60 % aproximadamente el coste de los pisos se incremento en un 500 o 600 %. Algo tenía que ocurrir, y ocurrió se desmoronó todo como un castillo de naipes y arrastró a todos los sectores de la economía que habían vivido en la opulencia.

A todo ello la Banca ayuda, porque recibe cantidades ingentes de dinero procedentes de Europa, a interés cero y su negocio es prestar dinero, ayuda a inflar los precios de los pisos con las tasaciones exorbitadas y con el nulo control del Banco de España, y aquí es donde encontramos la gran responsabilidad de los políticos, que tenían que poner coto a esto, no lo hicieron porque la situación representaba para las arcas del Estado gran cantidad de ingresos.

Llegados a estos momentos, consumidos por la crisis financiera, industrial, inmobiliaria, se nos habla del brutal incremento de desahucios que está ocurriendo en España. Creo debemos analizar con serenidad las cifras que se facilitan, 400.000 desahucios y un millón en puertas. Ante eso hay que considerar que un desahucio, no es algo que ocurra de hoy para mañana, transcurre bastante tiempo entre dejar de pagar la cuota del préstamo, hasta el acto del desahucio, tenemos que ser también conscientes que el Banco también tiene que devolver el dinero que le han dejado, a fin de cuentas el Banco es un intermediario, que irá en un cochazo, como dice la canción de Los Sabandeños, pero que también le pueden embargar o lo que es peor quebrar.

De los desahucios anunciados, cuatrocientos mil, cuántos son de primera vivienda, no hay cifras oficiales, pero se calcula que no pasan de veinte mil, el resto de locales o segundas viviendas o tal vez tercera y cuartas, porque cuánta gente no ha comprado seis pisos, en la playa pensando que con el alquiler de verano los podría pagar, y esto no es así ya que el inmobiliario que se los vendió y prometió alquilárselos ya no existe.

El gobierno actual ha comenzado a tomar medidas, parecen escasas, pero menos es nada, todo es mejorable.

El análisis final de esta historia, es que si el Estado y los poderes públicos hubiesen desarrollado el artículo 47 de la Constitución, otro gallo nos cantaría.

Los sindicatos en la última huelga de hace días, decían que había soluciones, pero éstas hay que exponerlas, no podemos hacer pagar al trabajador y al empresario, es decir a la empresa pues ambos la forman, no hay empresa sin trabajadores, ni trabajadores sin empresa, los errores e incumplimientos de sucesivos gobiernos. Y la solución la tenemos, es muy simple, cumplamos y hagamos cumplir la Constitución los ciudadanos y los gobiernos.

Puerta a la especulación – Foto: Jordi Casasempere