El Consejo de Ministros del pasado viernes decidió adelantar a julio del 2013 la liberalización del sector ferroviario, algo que los sindicatos más representativos de ADIF, FEVE y RENFE-Operadora entienden como la apertura de la puerta a una posible privatización y desmantelamiento del sector público ferroviario. Algo que consideran innecesario y que «ni la Comunidad Europea obligaba a realizarlo con tanta premura»

CCOO, CNT, UGT, SCF, SEMAF, SF y TCM rechazan esta nueva medida del Gobierno que consideran que va en una dirección inútil y nefasta, «como se demuestra por lo ocurrido en otros ferrocarriles que hace años optaron por decisiones de este tipo y finalmente tuvieron que rectificar ante el caos originado, como ocurrió con los ferrocarriles británicos o argentinos, que finalmente tuvieron que volver a ser nacionalizados».
En un comunicado conjunto, los sindicatos rechazan las argumentaciones vertidas por la portavoz del Gobierno, quien dicen ha afirmado que estas medidas van encaminadas a «abaratar costes a los ciudadanos y a los viajeros… y a eliminar una maraña de empresas que consumen muchísimo dinero en simples costes de funcionamiento».

Los sindicatos consideran que la experiencia demuestra que la liberalización o privatización del transporte ferroviario no sólo no ha abaratado costes a la ciudadanía, sino que ha supuesto el aumento del precio de los billetes, la supresión de líneas, el empeoramiento de la calidad en el servicio y la disminución de la seguridad, además de recortes en el empleo y las condiciones laborales del personal ferroviario. «Valga como ejemplo lo ocurrido en los ferrocarriles antes mencionados» subrayan.

Opinan que no es la «maraña de empresas» públicas la que consume muchísimo dinero, sino «el despilfarro, la especulación, la corrupción y la avaricia e insaciabilidad de los denominados ‘mercados’, lo que nos ha llevado a una situación que se pretende que paguemos quienes no la hemos provocado».

En un mismo comunicado los sindicatos insisten en que «este Gobierno ha apostado por el desmantelamiento de todos los servicios públicos, y ahora vienen a por el transporte público ferroviario. Cuando otros Gobiernos europeos han apostado por el fortalecimiento de sus ferrocarriles públicos, incluso con inversiones en el extranjero, como la SNCF (Francia) o la DB (Alemania), en España se pretende su desmantelamiento para convertir el ferrocarril, como están haciendo con la sanidad y la enseñanza, en un negocio privado a costa de los derechos básicos de la ciudadanía, del empleo y de los derechos sociales y laborales».

Finalmente enmarcan la decisión adoptada por el Consejo de Ministros en línea con el informe que salió a la luz el pasado mes de mayo elaborado por INECO, la ingeniería de transportes del Ministerio de Fomento, que recomendaba la privatización total de Renfe antes de enero del 2014, y la comunicación que se nos hizo la semana pasada de la intención de segregar Renfe en cuatro sociedades anónimas.

Desde los sindicatos representativos de ADIF, FEVE y RENFE-Operadora se oponen a este tipo de medidas y entienden que los motivos por los que convocan la huelga del 3 de agosto se mantienen y se han acrecentado. Por lo que además de la huelga del 3 de agosto seguirán convocando las acciones necesarias en defensa de lo que entienden que son sus derechos, del ferrocarril público y del empleo.

Estación de Linares-Baeza