Una de las realidades y conquistas sociales que venimos disfrutando en España, tanto desde la República en su Constitución de 1.931, concretamente en sus artículos 43 y 46, así como del Régimen de Franco, es el derecho a las prestaciones de la Seguridad Social, que también entre todos pagamos con nuestros impuestos.
Con el régimen de Franco, el máximo grado de cobertura lo tenían todos aquellos dados de alta en el mundo laboral. Los que no disfrutaban de este status eran atendidos en la Beneficencia, Montepíos, con una cobertura algo inferior.
Con el paso del tiempo, una vez instalada la democracia, la cobertura progresivamente se hizo “universal”, afectando ya de forma igualitaria a toda la población española, tuviese trabajo o no; cotizara a la S.S o no.
De manera que de una forma creciente, fue adquiriendo la forma y estructura que actualmente conocemos. Hemos llegado a cotas de cobertura sanitaria y social que muchos países de Europa, quizá más desarrollados que nosotros no tienen.
Mismamente, en los EEUU, no tienen ningún sistema de prestación ni cobertura sanitaria gratuita, ya que exclusivamente la atención en la sanidad es totalmente privada, como todos sabemos, aunque existen algunas excepciones.
Pero los logros y avances sociales en la España de nuestras entretelas, se han ido estancando progresivamente (puñetera crisis que entre todos hemos provocado; aunque unos, infinitamente más que otros), para llegar a un retroceso, con las nuevas medidas que el gobierno quiere imponer. Quizá tenga que ser así, no lo sé. Pero es una verdadera lástima perder esa cota de conquistas y avances sociales, ya que de pensiones que no llegan a los 500 euros, es imposible atender a este copago. Sobre todo, los enfermos crónicos con medicamentos carísimos.
Bajo mi punto de vista, este retroceso en el tema que nos ocupa, se debe a varios factores concatenados.
En primer lugar, los casi seis millones de parados, que al no contribuir a las arcas de la Seguridad Social, provocan un grave desequilibrio entre las prestaciones a la ciudadanía y lo percibido para atender las mismas necesidades.
En segundo, el mal uso, el abusivo uso que los españoles hemos hecho de la atención sanitaria y los medicamentos, llegando en lo primero a colapsar las consultas médicas y sobre todo las urgencias por un simple resfriado, que todos sabemos tratar. El resfriado con medicamentos dura una semana; sin medicamentos, siete días. El abusivo uso del servicio de urgencias, tanto en Centros de Salud como en los Hospitales, llegando en muchos casos a producir un caos en estos servicios, así como la falta de respeto al personal sanitario, llegando incluso a agresiones por parte de los de siempre.
Amén del arsenal de píldoras y mejunjes que todo el mundo tiene en su casa (por aquello del por si acaso) que luego no utilizan y que se tiran ya caducados. Sobre todo la gente mayor, que al no aportar nada en la dispensa del medicamento, piensan que “ancha es Castilla”.
Luego, hay una realidad sangrante; la cantidad ingente de “guiris” de todos los países, además de africanos, gitanos rumanos sin papeles, que vienen a nuestro país, los primeros a operarse por la cara, aprovechando cantidad de trucos y de vacío legal. Los segundos, por aquello del deber humanitario que deben ser atendidos porque los españoles creemos en la solidaridad y no somos bestias pardas como en otros países, que si estás gravemente enfermo y no tienes dinero, tienes dos opciones: o te mueres, o te mueres.
Todo esto y mucho más, junto con la situación económica, ha provocado que lleguemos a esta situación, a una realidad de la que en mayor o menor grado, todos somos culpables.
Esta situación, en la que se conjugan crisis y forma de ver por parte del actual gobierno los temas sociales, me preocupa grandemente, porque con sus decisiones aparte de no constituir una solución a corto o medio plazo, en el tema que nos ocupa, no desearía que fuese esta situación la “perfecta excusa” para que estas decisiones pudieran llegar a convertirse en modelos políticos indelebles, sin vuelta atrás, que para nada sirven a la ciudadanía, que ha depositado en ellos su confianza.
Otro ejemplo de pérdida de calidad en la atención social es el retroceso en la Ley de Dependencia y el tema educativo, donde las ratios de alumnos por clase, han pasado de veinticinco, máximo treinta, a treinta y ocho. Yo sé lo que es dar clase a treinta y ocho. Les digo que es para pegarse un tiro.
En fin, que entre todos la matamos y ella sola se murió. Recemos. O pongámosle velas a San Carlos Marx.

Servicios de un centro público de finales del siglo XXI - Foto: Jordi Casasempere