Esta mañana el alcalde de Linares, Javier Perales, ha mantenido una reunión telemática con Ignacio Álvarez, director general de Mecacontrol, Gemma García responsable comercial y Pilar Tejada, antigua directora de planta y responsable del almacén logístico en la actualidad. El encuentro telemático se ha celebrado para conocer de primera mano los motivos que llevaron a la empresa a abandonar la producción en Linares. Esto supuso la realización de diferentes ERTES y ERES por causas productivas y organizativas, el último este pasado mes de junio en el
que se despidió a 14 personas, hasta que solo ha quedado la parte logística, llevándose la producción de la fundición a la ciudad navarra de Tudela.
Ignacio Álvarez ha desgranado cómo además de las dificultades que todas las empresas en esta época están confrontando, la pandemia de la Covid, la escasez de microchips y el encarecimiento de los costes de la energía, en Linares se encontró con la lentitud de la administraciones públicas a la hora de afrontar los cambios en infraestructuras que la empresa necesitaba para crecer.
Desde que el Parque Empresarial de Santana pasó a gestionarse por el Ayuntamiento de Linares, reivindicación histórica de los diferentes gobiernos locales, la empresa planteó dos cuestiones. Por un lado la independización de la instalación eléctrica y por otra una rebaja en el importe del alquiler para tratar de paliar el impacto de la crisis que atravesaba la empresa.
Según ha informado el Ayuntamiento de Linares en un comunicado, «la empresa considera que el anterior equipo de gobierno no puso toda su diligencia para intentar mantener la producción y el empleo de Mecacontrol, siendo un despropósito que no se atendiesen las demandas de la empresa en materia de infraestructuras, como era la independización de la instalación eléctrica, pasando más de dos años para llegar a un acuerdo, sin éxito, o conseguir una rebaja en los alquileres sin que se le diera respuesta a la Dirección de Mercacontrol». Del mismo modo, siguiendo las mismas fuentes municipales, consideran que «si se hubiesen atendido estas demandas, la factoría podría haber rebajado sus costes fijos y variables, y haber reducido sus pérdidas económicas, por lo que todavía estaría funcionando su actividad productiva, sin tener que haber realizado el traslado a Tudela».
