El próximo lunes 10 de mayo, la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones de Linares va a realizar una nueva concentración en el Paseo de Linarejos a las 11 de la mañana, para mostrar su  rechazo al maltrato que da la banca a los usuarios y en especial a las personas mayores, por su situación de mayor indefensión.

POR UN TRATO DIGNO A LAS PERSONAS MAYORES EN LAS ENTIDADES BANCARIAS
En esta ocasión queremos reflexionar y a la vez denunciar, los cambios que se están produciendo en el trato de la banca a los usuarios y en particular en lo que afecta a las personas mayores.
Estamos asistiendo en los últimos días a los anuncios por parte de la banca de nuevas reducciones de sucursales y de una parte importante de su personal, cuestión que resulta extraña porque venimos padeciendo paulatinamente un deterioro en la atención personal y falta de sucursales en algunos municipios menos poblados de lo que se ha dado en llamar la “España Vaciada”; que lo que recomendaría sería utilizar esos recursos para ofrecer un mejor trato a los usuarios.

Queremos denunciar que se han ido introduciendo restricciones en los horarios para atender al público en cajas de atención personal, y el maltrato y la humillación que suponen las interminables colas en las puertas de las sucursales a la intemperie; no atender si no es con cita previa, la obligación de realizar algunas operaciones en los cajeros automáticos o conduciéndolas a operar por los propios usuarios online, si tener en cuenta que hay un elevado número de personas mayores que no tienen los conocimientos para poder hacerlo o no disponen de los recursos que se necesitarían. Por lo que son quienes con más frecuencia tienen que acudir a los bancos y son las que más sufren esos abusos.

A eso se añaden las comisiones, cada vez mayores, cobradas por el mero hecho de ser titular de una cuenta bancaria, realizar operaciones varias o por el simple hecho de recibir ayuda de un operario para sacar dinero efectivo. La banca debe de tener en cuenta que quienes cobran una pensión, ayuda o cualquier otra prestación están obligados a disponer de una cuenta bancaria para que se la ingresen, así como para poder realizar el pago de las facturas de los suministros básicos de la vida diaria (luz, agua, gas, etc.), por lo que no pueden evitar que se les carguen esas comisiones, ya que es un cliente obligado, convertido en rehén por la banca.

El sector financiero realiza un servicio esencial para la ciudadanía. Un servicio cada vez más en precario por la progresiva concentración bancaria y disminución de sucursales, las continuas reducciones de plantillas y por la ausencia de una banca pública, que el resto de los grandes países europeos mantiene, y cuya ausencia en España nos deja indefensos frente al oligopolio de la banca privada.

Exigimos más sucursales para no dejar a los barrios y pueblos sin atención directa, la ampliación de horarios y más atención presencial en las sucursales para facilitar las gestiones de nuestro dinero, abriendo ventanillas específicas para pensionistas y personas mayores.

Exigimos que se elimine el cobro de comisiones, mientras estemos obligados a mantener una cuenta bancaria para para el cobro de nuestra pensión y no dispongamos de la opción de una banca pública que cumpla con este servicio.

Exigimos también que se informe adecuadamente en las sucursales bancarias de la posibilidad que tienen algunos usuarios de disponer de una “cuenta de pago básica”, según se recoge en el Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, que indica que las entidades de crédito no podrán cobrar la comisión mensual máxima, única y conjunta de 3 € (prevista en el art. 4.2 de la Orden 228/2019), cuando todos los titulares y autorizados de una cuenta de pago básica se encuentren en la situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera. Los usuarios de la banca que podrían beneficiarse de la exención de comisiones, no lo solicitan porque no se les facilita la información suficiente.

Exigimos una banca más humana, gestionada con humanidad y atendida por humanos.

Y exigimos al Gobierno una banca pública útil para nuestro país, bien potenciando el Instituto de Crédito Oficial o creando un nuevo banco.

No olvidemos que la banca debe al pueblo más de 66.000 millones de euros, y que el Gobierno no puede ser indiferente, ni eludir su responsabilidad frente a los abusos de la banca.