En respuesta a la reciente nota de prensa emitida por los sindicatos UGT, CSIF y USPLB, los trabajadores del Departamento de Intervención del Ayuntamiento de Linares han manifestado su asombro e indignación, desmintiendo categóricamente las acusaciones de acoso laboral.
A través de un comunicado, los empleados han expresado que dichas acusaciones «distan mucho de la realidad» que viven en su departamento. Han solicitado a los sindicatos que antes de emitir pronunciamientos tan graves, consulten directamente con los trabajadores para comprender los verdaderos problemas a los que se enfrentan diariamente.
Según los trabajadores firmantes, el Interventor ha estado denunciando, desde su incorporación en 2014, las deficiencias de personal y la sobrecarga de trabajo a través de numerosos informes. Los trabajadores han elogiado su dedicación, respeto y preocupación tanto personal como profesional durante estos años.
Los empleados han aclarado que el estrés laboral que padecen «no es consecuencia del comportamiento del Sr. Interventor, sino de la sobrecarga injustificada y prolongada de trabajo, que también afecta a su jefe.» Este último ha solicitado repetidamente a los órganos competentes, incluida la Inspección de Trabajo, que se informe sobre esta situación. Asimismo, ha pedido, aseguran, una evaluación de las funciones y tareas de los puestos de trabajo para abordar la realización de labores que exceden la categoría profesional sin la debida valoración ni recompensa.
En relación a los retrasos en el cobro de nóminas y otros expedientes económicos denunciados por los sindicatos, los trabajadores han señalado que estos retrasos han sido excepcionales bajo la gestión del actual Interventor, ocurriendo solo una vez en lo que va del año, y siempre por circunstancias ajenas al departamento. La mayoría de los retrasos se deben a la limitación de recursos mencionada anteriormente.
Por todo lo expuesto, los empleados de Intervención solicitarán una reunión con los sindicatos firmantes para aclarar en nombre de quién se han emitido estas acusaciones y para que los sindicatos conozcan de primera mano los problemas reales del departamento.
El comunicado finaliza instando a que se detenga la «persecución injustificada» contra el responsable del departamento, asegurando que no es la primera vez que deben salir a desmentir acusaciones similares.
