“Ampliemos suelo para la construcción” es la respuesta de la señora Ayuso a la oposición, cuando se le proponía hacer frente conjunto al desastre causado por el mundial COVID19. Es la respuesta similar, aunque sin el estilo de la Presidenta de Madrid, que ofrecen otras CCAA desde Andalucía a Cataluña, pasando por Castilla-La Mancha entre bastantes. Y es que aquí pasamos sin solución de continuidad de la desgarrada pena y negro luto por nuestros muertos, a buscar remedio, con especial cuidado para ciertos vivos. Cuán poco han servido los propósitos, si es que los ha habido, sobre las provocaciones del género humano a la naturaleza. Ahora suenan menos los 27.000 muertos que los pronósticos sobre el Producto Interior Bruto que ahora dan el Banco de España, el FMI o la Comisión Europea. Ahora hemos de centrarnos en la pela olvidando los demás asuntos pues eso dispone el discurso casi único mediático. Para qué recordar ante lo de más suelo lo que trajo la burbuja inmobiliaria. Aquí conviene más destacar un asunto y olvidar los demás, para qué hacer pensar al personal si vamos a un nuevo berenjenal como el repunte del virus.

Para la mitigación del impacto económico del COVID19, el Gobierno de Murcia modifica una ley de 2.009 sobre autorización ambiental para mayores emisiones de gases a la atmosfera o líquidos tóxicos al mar. Perece como si los problemas de contaminación del Mar Menor hubieran desaparecido. Se adelanta también nombrando a los municipios como “órganos ambientales” para que sean ellos los que decidan. En Madrid ya está dispuesto el calendario para la citada activación de construcción y la reforma con sólo la “declaración responsable” del promotor. En Galicia, para no hacer modificaciones legales, se declaran casi mil proyectos industriales de esencial repercusión económica. Así se salta la ley para macro granjas y otros. En Cataluña una nueva “Ley ómnibus” servirá para remover varios aspectos en urbanismo y otros sectores. En Castilla-La Mancha se aprueban dos leyes para el trámite exprés para empresas y agilizar licencia obra.

Especial mención merece Andalucía, no sólo ser nuestra tierra, sino por la mayor trascendencia de las disposiciones adoptadas. El Decreto-Ley 2/2.020 de marzo, convalidado en el Parlamento durante el confinamiento, introduce hasta 27 reformas en el conjunto de la legislación previa. Dicha disposición ha sido denunciada por el gobierno central al entender que invade competencias del mismo. En su razonamiento se invoca la escasez de instrumentos para la mejora económica, ante la grave destrucción de empleo, se necesita una nueva regulación de la misma. Frente a esa necesidad económica no se menciona ninguna otra como la del cuidado ambiental, prevención sanitaria, o tantas otras como decaen en tal medida legisladora. Son hasta 27 reformas legales las que se establecen con la argumentación preferente la de agilizar los días de trámites que compara los 126 de aquí con los 101 de La Rioja y con los 26 de Singapur,” buen parámetro” el asiático. Podría entenderse que la legislación anterior se había dictado con el propósito de fastidiar el progreso social y económico. Quizá convenga también tener más en cuenta la realidad social. Qué poca memoria se tiene del desastre que sufrieron nuestras playas y el dineral consecuente en su reparación, tras los retoques a la Ley de Costas. Aquí, como en el resto de las autonomías citadas se pretende lo mismo, construcción e industria sin reparar en los daños ecológicos que tratan de atenuar, que no prohibir tantas disposiciones. Dejando aparte la sagrada industria del ladrillo como objetivo destacado, convendría fijarse en un listado más amplio. Podemos empezar revisando ya la ley 2018 de “Medidas frente al cambio climático y por el nuevo modelo energético”. Seguir con “Control de pesca marítima, marisquería y acuicultura”. Estaría bien tener presente “La gestión de la Calidad de las Aguas”, y también el asunto de “Vertidos de dominio público en ríos, mares y tierra, con el régimen aplicable a suelos contaminados”. Claro que para todo ello, habría que ver en qué queda la “Evaluación de Impacto en la Salud.

Se me dirá, y con razón, que ya está aquí el de Greta y el cambio climático porque no olvido ni por un minuto el asunto. Sin embargo, hoy apelo con más insistencia y convicción si cabe, al peligro de otras tantas epidemias de virus. He encontrado un valioso escrito de Sonia Sahan, estudiosa y divulgadora sobre epidemias. Dicen esta y otros científicos que la causa de éstas es la destrucción de hábitats. Las epidemias se producen en gran parte por la desforestación y construcción desaforada. Talar algún bosque puede llevar, por ejemplo, a que murciélagos vengan a instalarse en árboles de la ciudad. Cuando en un hábitat se extingue una especie, la cadena queda rota, ya que el ser que servía de alimento al eliminado, queda libre y puede ser transmisor fuera del hábitat de virus patógenos. Los sistemas de ganadería industrial son relativamente propicios ya que ahí se pueden convertir los microbios en agentes patógenos, como surgiera la gripe aviar. Es curioso que, mientras en EEUU la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID investiga sobre cepas de coronavirus, Trump trata desregular la legislación sobre actividades extractivas. Eso, a la par que anuncia la reducción o retirada de la ayuda de su país a la OMS. Dice el eminente epidemiólogo Larry Brilliant: “la emergencia del virus es inevitable, pero las epidemias no”. Lograremos eso si, ponemos el mismo empeño en ello, que el que pusimos en alterar la naturaleza y la vida animal.