En el telediario de la 1 de TVE al empezar la cuarentena, salió el problema de la escuela concertada: para ella el cobro de la cuota que han de aportar las familias. Ese es un asunto del que se sabe poco en bastantes zonas de Andalucía, pues es una cuestión que se lleva con bastante discreción, si no, con un taimado secretismo. Ni en la propaganda que se hacen los colegios, ya hasta la pantalla de los cines, no se dice ni media de ese “impuesto” a la mercancía en que han convertido la educación. Nuestra nueva administración de don Juanma, el señor Bendodo y el señor Imbroda, supongo que acompañado por su Director General, tan constitucionalistas ellos, verán así de “riguroso” el artículo 27 de la Constitución que tanto invocan. Revisemos mejor esta cuestión con más atención y vergüenza.
El señor Bendodo, en una de sus primeras apariciones junto al Consejero de Educación, adelantó que ya cada familia podrá llevar su descendencia al centro que le dé la gana. Habría mirado el modelo de doña Esperanza en Madrid, que tan bien ha dejado la sanidad y la educación públicas con su distrito único. No sabemos si con estas crisis repararán para dejar mejor lo que es para todos y todas. Empeñados en mantener sobre todo los colegios religiosos, se plantean en crear otros nuevos donde hay públicos mal atendidos. Se plantean esos y otros dispendios a favor de una red que se creó como supletoria y ahora la quieren convertir como mayor y preferente. Todo ello arrollando el texto constitucional. El artículo 27-1 reconoce la libertad de educación. Sí pagándola, no dando el dinero para que entes privados hagan proselitismo y negocio. Se olvidan del 27-4 “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita” Eso lo olvidan nuestra Junta, mirando para otro lado con las cuotas que abre este escrito. Pero no sólo, quieren extender la gratuidad a infantil y bachillerato, así alargan la escolaridad y con ello el negocio y la imposición del ideario. Cuando se impone un ideario ¿se cumple el 27-2 que habla de democracia y de derechos fundamentales? Hemos hablado de derechos, libertades y de gratuidad. La segunda característica se ve bien que no es verdad en muchos casos. Lo de libertad, hay que verlo más despacio.
Cuando un colegio concertado, exige una cuota, ya ha dejado de ser gratuito, y si además se impone con más o menos firmeza otros estipendios (uniformes, extraescolares, comedor a mayor precio, u otras), ¿se mantiene la libertad de educación o de mercado? ¿A cuánto alumnado expulsan por la subida de cada uno de esos requisitos? ¿Qué publicidad y control hay de todos y cada uno de esos conceptos de acuerdo con un servicio público? ¿Es educativo el ambiente que vive el alumnado rodeado de mercadeo y de distingos o segregación de clase social? Dejando aparte el control ideológico, elemento tan importante o más que el económico, convendría ver hasta qué punto, es verdad eso de la libertad de educación para familias menos pudientes. ¿Pueden ellas elegir la escuela para sus hijos e hijas? ¿O serán los colegios, mayormente controlados por la Iglesia, los realmente eligen al alumnado?
Reflexionando sobre esta cuestión y lo que viene ocurriendo en nuestra en nuestra sociedad, qué poco queda de aquella democracia. Qué poco queda de aquella Constitución de 1.978 de la que presumen quienes más la avasallan. Después de tantas vueltas, acabamos -si no se defiende lo público- a la luz de los actuales acontecimientos donde solíamos: Con escuela para ricos y escuela para pobres.
