La Consejería de Justicia e Interior ha abonado 1,4 millones de euros a los abogados y procuradores de Jaén para liquidar todos los pagos pendientes por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita durante el pasado año. Con este abono, el departamento que dirige Emilio de Llera cumple el compromiso contraído con estos profesionales a finales de diciembre para sufragar todos los servicios correspondientes a 2014 y garantizar así esta asistencia jurídica fundamental para la ciudadanía sin recursos.
De esta cantidad abonada, la mayor parte -1,37 millones- corresponde a los letrados por las guardias y turnos de oficio realizados en los últimos tres trimestres del año, mientras que 25.524 euros se destinan a los procuradores por los gastos de funcionamiento y turno de oficio del último trimestre del pasado año. Con este pago, la Administración autonómica ha abonado en el último año más de 4 millones en la provincia para el sostenimiento de este servicio, de los que 3,7 millones corresponden a los abogados y 332.979 euros a los procuradores.
La Junta cumple así lo acordado con letrados y procuradores jiennenses para culminar ahora el pago total del pasado ejercicio. La delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, ha asegurado que “este abono pone de relieve que la justicia gratuita es un compromiso irrenunciable y prioritario para la Junta y forma parte de las políticas sociales y por la igualdad que venimos defendiendo”. En este sentido, ha destacado “la importancia de este servicio para garantizar la igualdad de la ciudadanía ante la Justicia y que queremos situar al mismo nivel de la educación, la salud y la dependencia”.
La delegada ha resaltado el gran esfuerzo que viene realizando la Junta en el sostenimiento de la justicia gratuita pese a las dificultades económicas y presupuestarias actuales. A su juicio, “este gran esfuerzo nos ha permitido reducir los plazos de los pagos y el volumen de las cuantías pendientes hasta liquidarlas por completo y ponernos al día ahora con abogados y procuradores por la prestación de este servicio”.
Implicación y esfuerzo de abogados y procuradores
Purificación Gálvez ha valorado también el esfuerzo, implicación y profesionalidad de los abogados y procuradores en la prestación de un servicio eficaz y de calidad a la ciudadanía y ha elogiado al mismo tiempo el clima de diálogo y acuerdo con los consejos andaluces de estos colegios profesionales para garantizar su prestación.
A nivel regional, la Administración autonómica ha sufragado a los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores un total de 23,7 millones de euros, en su mayoría -23,1- para los abogados. Desde 2014 hasta la fecha se han abonado 66,6 millones en toda Andalucía para el sostenimiento de este servicio.
Más de 300.000 personas se benefician al año en Andalucía de la asistencia jurídica gratuita que prestan más de 9.000 profesionales, entre abogados (7.000) y procuradores (2.000). En la financiación de este servicio, la Junta hace frente a los gastos que genera el turno de oficio como es la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los gastos de representación que realizan los procuradores.
La delegada del Gobierno ha subrayado también la falta de respaldo financiero del Estado para la financiación de este servicio y, a este respecto, ha censurado el incumplimiento hasta la fecha por parte del Ministerio de Justicia de la ley de tasas, que refleja en su texto la obligatoriedad de destinar su recaudación a la financiación de este servicio.
Según Purificación Gálvez, “Andalucía no ha recibido ni un solo euro hasta la fecha y el Ministerio ha recaudado ya más de 54 millones de euros en la comunidad por estas tasas judiciales sin destinar, por tanto, nada para el sostenimiento de este servicio esencial para la ciudadanía como así contempla la norma”.
Nuevo sistema para mejorar la gestión
Par la mejora de la justicia gratuita, la Consejería de Justicia e Interior ha puesto en marcha un nuevo sistema de gestión, denominado “Temisa”, que aporta transparencia, agiliza los trámites y disminuye el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio destinado a las personas con menos recursos”.
Gracias a esta nueva tecnología, puesta en marcha el pasado mes de octubre, los consejos andaluces de abogados y procuradores remiten telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel.
