¿Crisis o Reconversión? 

Para entender la situación de crisis por la que atraviesa Linares, tendríamos que analizar qué es lo que ha ocurrido en España. Por ello, en las líneas que siguen, trataré de resumir mi opinión sobre el origen y las consecuencias de la crisis, cuestión que no es nada reciente sino que se remonta a la década de los años 80 del siglo pasado.

Cualquier crisis puede designar un cambio traumático en la vida o en la salud de las personas, o bien una situación social inestable y peligrosa en el ámbito político, militar, económico, de valores, etc.

El tema de la crisis ha dado mucho de qué hablar, y en él influyen desde causas muy lejanas hasta las más cercanas, desde acciones gubernamentales (central, autonómica y local) hasta las de la población. La crisis en general es una etapa de profundas perturbaciones que caracterizan una situación gravemente depresiva, dentro de un ciclo económico. Es el conjunto de problemas que se relacionan entre sÍ y que potencian mutuamente sus efectos planteados alrededor de un hecho básico: la reducción brusca de la producción.

La crisis en España es la consecuencia de una serie de circunstancias internas, arrastrada desde hace 30 años, y coincidiendo en los seis últimos en una coyuntura internacional de crisis financiera en la que Linares, como no podía ser de otra forma, se vio igualmente afectada.

La situación en España, en general, y en Linares, en particular, es muy desoladora. Las causas son enormes y variadas, siendo las más palpables y visibles las siguientes:

Altos niveles de desempleo, que han generado un enorme descontento en la población y a causa de esto, es patente una manifestación repetida de los ciudadanos.

Muchas personas vieron a Linares como fuente de progreso y desde hace un tiempo buscan nuevas rutas, nuevos lugares que brinden oportunidades como Linares lo hizo en tiempos pasados.

Ante la impotencia de no poder pagar la hipoteca de sus casas, hay muchas personas que se sienten desesperadas y que en algún caso les ha llevado al suicidio.

Los niños también son vulnerables ante esta situación pues al ver cómo sus padres están desesperados por mantenerlos y por mantenerse a sí mismos. Sus limitaciones de todo tipo (alimenticias, de educación…) son más que evidentes.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Que yo recuerde, desde el inicio de los años 80, palabras como inflación, productividad, reconversión, rigidez laboral, reajustes de plantillas, modelo productivo…, suenan y suenan continuamente en todos los ámbitos de nuestra sociedad ya sean políticos, sindicales, empresariales, financieros y comunicación. Palabras que son, al parecer, las claves de la solución a la crisis, pero paradójicamente, cuando se emplean en vez de poner solución resultan ser el problema.

Todos los especialistas y expertos económicos coinciden en la necesidad de cambiar el “modelo productivo” español, como solución a la salida definitiva de la crisis. Pero ¿cuál es nuestro modelo productivo? y lo más importante es preguntarse ¿qué modelo teníamos? y ¿por qué se cambió?

Repasando la historia, podemos comprobar que ha habido casos en los que las economías de determinados países han sufrido poderosas transformaciones sin romper con el sistema capitalista, por ejemplo: Japón al terminar la Segunda Guerra Mundial y Corea con los llamados “tigres asiáticos” en los 80.

En la primera mitad del siglo XX, el “modelo productivo” español dependía en gran medida del llamado “sector primario o agropecuario-minero”, formado por todas aquellas actividades encaminadas a la obtención de productos directamente de la naturaleza (materias primas). Fue durante los años 50 y 60, en plena dictadura franquista, cuando España, a pesar de los desequilibrios económicos, sufrió una tremenda transformación en su “modelo productivo”, pasando a tener protagonismo el “sector secundario o industrial” que terminó con un país fundamentalmente campesino y trajo consigo la industrialización, y con ella un poderosa clase trabajadora. No hay que olvidar el avance del “sector terciario o de servicios”, cuyas actividades están encaminadas a ofrecer servicios a la sociedad para que ésta pueda funcionar lo mejor posible, empezó a emerger como algo lógico.

A principios de los años 60, se frena la política de liberación económica y se apuesta por la llamada Planificación Indicativa (forma más refinada de intervencionismo estatal), inspirada en el modelo francés (Plan Monet 1947), que dio lugar a los Planes de Desarrollo (1964-1967, 1968-1971, 1972-1975), que favorecieron el desarrollo y estimulo de la iniciativa privada. Linares no era ajena a estos cambios y, de la misma forma, su “modelo productivo” también cambió: pasó de ser una ciudad minera a convertirse en ciudad industrial. En esta época Linares era un referente como ciudad de progreso, por sus muchas actividades productivas. Gozaba de fábricas de productos variados y diversos: aceite, café, chocolate, gaseosas, licores, lácteos, muebles, transformación de aluminio y hojalatas, fundiciones de plomo, hierro y bronce, elaboración de mosaicos, piedra artificial, ladrillos, baldosines, tejas, automoción etc. “El sector servicios”, por lógica, también emergió: la red ferroviaria era la más importante de España, todas las entidades bancarias incluyendo el Banco de España, el comercio en todas sus vertientes: la cultura, el deporte, la educación y la sanidad eran muy relevantes. Así, en 1975 el “sector secundario”, basado en actividades  encaminadas a la transformación de los productos naturales en productos elaborados o semielaborados, marcaba claramente el “modelo productivo”. Entonces, sectores enteros de la economía eran públicos como la minería, los astilleros, la siderurgia, la electricidad y las telecomunicaciones… Pero esas empresas públicas tenían un objetivo muy concreto: eran sectores que requerían enormes inversiones que ninguna iniciativa privada estaba dispuesta a asumir. De esta forma se garantizaban materia prima y productos básicos. En resumen, durante el periodo 1960-75, la industria fue el sector clave del desarrollo económico español, ya que tiraba del resto de los sectores.

Pero el año 1975 supuso el fin del proceso acelerado, continuo y prolongado de crecimiento industrial y económico; la principal razón fue el fuerte incremento de precios del petróleo y de algunas materias primas derivadas, teniendo como consecuencia una fuerte subida de los costes de producción industrial. Por otro lado, la complicada situación política (fin de la Dictadura), hizo pensar, y así ha quedado para la historia, que los sucesivos Gobiernos de UCD, apremiados por los intensos problemas políticos de la Transición, no hicieron nada para solucionar los económicos y tuvo que llegar el PSOE a salvar la situación, asumiendo el elevado coste social de unas medidas impopulares pero necesarias.

Sin embargo, esta visión mítica no se sostiene, ya que las medidas adoptadas por el Gobierno socialista no fueron ni tan valientes ni tan acertadas como se suele afirmar, y la reestructuración de la siderurgia integral nos ofrece un buen ejemplo de ello.

Felipe González calificó de necrosis el proceso de deterioro industrial que se encontró al llegar al poder en 1982. El Ejecutivo socialista tuvo encima de la mesa la propuesta de reestructuración del sector realizada por el anterior Gobierno, avalada y apoyada en un razonado documento técnico elaborado por la Kawasaki Steel Corporation. Este documento, conocido como Informe Kawasaki, concluía que el futuro del sector en España pasaba por terminar de construir en Sagunto la nueva siderúrgica integral -la llamada IV Planta-, de dimensiones y tecnología similares a las que se estaban estableciendo en Japón y Europa Occidental. La propuesta del Informe Kawasaki iba en contra del deseo de los sindicatos de potenciar las tradicionales siderúrgicas de Asturias (Ensidesa) y el País Vasco (Altos Hornos de Vizcaya), por lo que fue contestada con una fenomenal oposición de los mismos, pese a que no hacía más que poner en negro sobre blanco lo que todos nuestros vecinos europeos sabían que debía hacerse y se preparaban a acometer.

Mientras tanto, las negociaciones para la entrada en el Mercado Común enfilaban su recta final y los franceses ponían pegas a nuestra capacidad siderúrgica, en especial al proyecto de la planta de Sagunto, que podía hacer mucho daño a la fábrica que estaban construyendo en Marsella.

Entonces, en 1983, el Ejecutivo de González rechazó el Informe Kawasaki y decidió hacer lo contrario de lo que se estaba haciendo en el resto de Europa: apostó por las siderurgias tradicionales vizcaína y asturiana, y arrinconó el proyecto de la nueva siderúrgica valenciana.

Era evidente la obsesión por entrar en la Comunidad Económica Europea (CEE) y el empeño en hacerlo a cualquier precio. Sus futuros socios no deseaban ningún tipo de competencia para sus productos  y le exigían el desmantelamiento de sectores enteros de la economía española para autorizar su ingreso en la CEE. En este sentido hay que recordar que España solicitó la asociación al Mercado Común como paso hacia la integración en el invierno de 1962. En 1970, a pesar de todas las reticencias de la CEE, la España franquista logró firmar un acuerdo de comercio preferencial con los países comunitarios, que se plasmó en la mutua rebaja de aranceles y que implicó el inicio del proceso de integración de nuestra economía dentro de Europa. En 1977, se había firmado el último convenio como receptor de préstamos del Banco Mundial y había solicitado ser clasificado como donante dentro del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), lo que ya le condujo a encuadrarse definitivamente en el escenario internacional, entre las economías avanzadas. En 1979 se empieza, formalmente, a negociar su entrada en la CEE. Por lo tanto, no se entendían y aún no se entienden, las prisas del recién llegado gobierno socialista por entrar en la Comunidad Económica Europea.

El día 2 de diciembre de 1983, Felipe González ofreció, inesperadamente, un balance del primer año de Gobierno socialista en una rueda de prensa, en donde declaró lo siguiente: «Me gustaría que todos los españoles hicieran un esfuerzo de comprensión para darse cuenta de la necesidad de proceder a una reconversión industrial, que es fundamental para nuestra puesta al día europea, entremos o no en el Mercado Común…», «Llevamos cinco años de retraso en este tema, y ello ha supuesto un coste enorme en modernización y en empleo. Ahora hay un proyecto global que añade más recursos y provee de fondos para creación de empleos. Por supuesto que los ajustes de esta política van a ser duros a corto plazo, pero, ¿qué país europeo [no los han sufrido antes?.. »

Así pues, se crearon las bases para acometer el proceso de reconversión industrial con un enfoque sectorial que afectó a 14 sectores industriales, y a los que en 1984 se les aplicó la Ley 24/1984 de 26 de julio, sobre Reconversión y Reindustrialización. Fue entonces cuando, con el pretexto de que España necesitaba una “reconversión industrial”, se procedió al cierre de un gran número de industrias. El cierre de empresas afectó a todo el tejido empresarial y las proclamas eran de “sacrificio necesario” para que nos abrieran las puertas de un supuesto “paraíso” llamado Unión Europea.

La Ley 24/1984 garantizaba que los trabajadores que quedasen en situación legal de desempleo percibieran la prestación por desempleo durante el máximo periodo posible. Al mismo tiempo, los Fondos de Promoción de Empleo (FPE) se destinaron a la readaptación profesional; su finalidad no era otra que capacitar y reciclar a los trabajadores pertenecientes al mismo. Para su financiación se introdujo un mecanismo innovador que consistía en que el trabajador despedido aportara al Fondo su indemnización como medio de financiación e incentivo para las empresas que lo contrataran.

Es de sobra conocido lo que ocurrió a partir de 1986. La cirugía de la reconversión, diseñada por Carlos Solchaga y su equipo, y ayudada por el decreto del ministro Boyer, hizo que las manifestaciones y enfrentamientos se extendieran desde Vigo a Cádiz, y desde El Ferrol a Sagunto, pasando por Linares. Prometieron electoralmente crear 800.000 puestos de trabajo, y la promesa se antoja imposible de cumplir. No sólo eso: la crisis se extiende por todos los sectores y los recortes de plantilla y de actividad son dramáticos. Se quiere entrar en la Comunidad Europea a cualquier precio, y los futuros socios ponen condiciones draconianas a España.

Boyer y su grupo hicieron realidad las palabras de Alfonso Guerra: «A España no la va a conocer ni la madre que la parió» y en poco tiempo España quedó convertida en un enorme páramo desindustrializado. Rn consecuencia, la mano de obra perdida en la industria fue desplazada hacia los servicios y la construcción. Recuerdo que el entonces ministro de Economía, Carlos Solchaga, se preguntaba por aquellos días con jactancia «¿qué malo hay en que nos convirtamos en un país dedicado a los servicios?»

Bajo este paraguas de la “reconversión industrial” se sumaron las empresas y los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) aparecieron como setas, con razón o sin ella. Linares no quedó libre de este desmantelamiento dirigido intencionadamente. Recuerdo cuando, en 1986, se cierra la Fundición LA CRUZ, cierre que, por desgracia, me tocó vivir en primera persona. No se entendía muy bien este cierre, cuando en el año anterior la empresa había invertido 100 millones de pesetas en modernizarla para que su capacidad productiva fuera del 100 % y así paliar los elevados costes de producción. Pero menos comprensible era su cierre porque en Europa tan solo había tres fundiciones de plomo: Alemania, Cartagena y Linares… ¿Se imaginan ustedes, cuál fue la que quedó?

Pues bien, en una de las reuniones en Madrid que mantuvo el Comité de Empresa con el Presidente del Consejo de Administración, presentaron un plan de viabilidad para continuar con la actividad y mantener los 400 puestos de trabajo y su única respuesta fue «antes nos obligaban a tener la actividad y hoy no hay nadie que nos obligue a mantenerla».

Las decisiones que se tomaron en 1982 respecto a la reconversión fueron nefastas y el despilfarro de recursos y su consiguiente coste fueron enormes. De cara a la integración en Europa teníamos la posibilidad de tener, por ejemplo, una siderurgia integral moderna y competitiva si se seguían los planes de UCD (y de gobiernos y empresarios anteriores) de poner la mencionada IV Planta Siderúrgica Integral en Sagunto. Pero, por un lado, las presiones de Francia, que temía por su fábrica de Fos en Marsella, y, por otro, las presiones de Asturias y Vizcaya (sindicales y políticas) hicieron que se tomara una decisión funesta. Los ministros Solchaga y Boyer no fueron los únicos culpables: detrás de esta decisión política catastrófica estaba Felipe González.

Aquellos lodos de ayer nos trajeron los fangos de hoy. Porque la llamada “reconversión industrial” por Felipe González Márquez en realidad fue más que un cierre, liquidación o privatización de las empresas estatales, fue una “bajada de pantalones” ante la CEE por ceder a los intereses de los socios europeos en detrimento de los interese nacionales. El precio a pagar por el ingreso en la CEE fue muy alto.

Desde entonces la capitalización ha disminuido, lo que ha hecho a su vez disminuir la productividad del trabajo, y España ha pasado de ser una economía fundamentalmente industrial a ser una economía de servicios, y la mayoría de estos servicios son difíciles de capitalizar. Por medio de la productividad se pone a prueba la capacidad de una estructura para desarrollar los productos y el nivel en el cual se aprovechan los recursos disponibles. Y este es el gran problema que actualmente tenemos, la falta de productividad. En este sentido, Linares también era muy productiva y ¿que tenemos hoy?…  Tenemos una ciudad que únicamente ofrece servicios. Se da la circunstancia de que un buen porcentaje de trabajadores afectados por los ERE y los cierres de empresas en nuestra ciudad dedicaron su indemnización y el subsidio de desempleo acumulado en el autoempleo orientado a actividades del sector servicios. Este hecho, latente en mi recuerdo, parece no tener mucha importancia, pero ayudó en buena medida a dibujar la situación actual del modelo productivo linarense.

Depender tan solo del “sector servicios” tiene sus riesgos, a pesar de que en situaciones concretas pudiera ser muy productivo crear empleo, riqueza y crecimiento económico. Es necesario subrayar la heterogeneidad de este sector, en el que se incluyen actividades muy diversas: desde el reparto de propaganda a domicilio hasta la investigación científica. Por otro lado, los servicios pueden provenir del sector Público o del sector Privado.

Dentro del sector Público hay que distinguir por un lado las Empresas Públicas y por otro las Administraciones Públicas (Central, Autonómica y Local). Las Empresas Públicas, funcionan por el principio de autoridad como empresas privadas, pudiendo ser rentables o no. En cualquier caso el sector Público en general se sostiene por los ingresos que recibe del sector privado y de los ciudadanos a través de los impuestos. Si el sector público crece mucho y el privado cada vez es más pequeño, podría llegar el momento en que no sería posible su mantenimiento.

Durante el régimen de Franco, el sector Público tenía un presupuesto muy pequeño y un saldo presupuestario muy equilibrado, por lo que no acumuló deuda pública. Pero a partir de 1976 aumentó el peso y prácticamente todos los años hasta la actualidad ha habido déficit público. Si un Estado tiene déficit, al final, es una carga para los ciudadanos. Por tanto, el déficit es una forma de impuesto, y habría que contabilizarlo, junto a la inflación y la deuda pública, como elementos que aumentan la presión fiscal.

EL PROBLEMA DEL PARO DE 1984

Además de la reconversión, otras decisiones tomadas, como la Ley de Arrendamiento y la Ley de Educación (LODE), fueron igualmente nefastas y de alguna manera también influyeron para cambiar el “modelo productivo”.

Ante la falta de puestos de trabajo, las únicas ideas fueron:

Aumentar las plazas en la Función Pública.

Dilatar la incorporación de los jóvenes al mundo laboral.

Sin embargo, el acceso a la función pública requería, en la mayoría de las plazas, estar en posesión de un título universitario. De esta forma se extendió la idea perversa de que todos los españoles tenían que tener estudios universitarios. Recuerdo a Alfonso Guerra en sus mítines diciendo «…los descamisados, no tenemos títulos…» y para ello había que dar las máximas facilidades ¿cómo?, pues cambiando el Sistema Educativo y facilitando el acceso a la Universidad a costa de lo que fuese. Fue así como crecieron y crecieron nuestras Universidades de forma irracional, se aumentaron las plazas de estudiantes y se crearon Universidades nuevas, con el consiguiente aumento de personal. Resultado: saturación de las plazas universitarias, bajada del listón para titular con más facilidad.

Entre 1986 y 1996, se crearon miles y miles de plazas en todas las administraciones públicas, que han condenado posteriormente, a generaciones enteras a no poder acceder a la función pública. Esto generó que hoy día tengamos una Administración Pública sobresaturada y ocupada por una buena parte con personal con dudosa cualificación y eficacia.

La reconversión industrial le costó al Estado tanto como Rumasa: un billón de pesetas de forma oficial, y dos de fondo real; con el añadido de medio billón que sale del sector privado. Frente a esas cifras la crisis de Banca Catalana, que lleva a Jordi Pujol ante el juez que instruye el caso, o la detención de Ruiz-Mateos en Francfort para su posterior extradición a España parecen un juego de niños. Y la base de la naciente desesperanza, y la utilización de los dos escándalos político-financieros no son sino la expresión misma de una forma de entender la vida pública y el ejercicio del poder, más identificado en los finales del siglo XIX que en los del siglo XX e inicios del siglo XXI.

Resulta interesante señalar que los mismos argumentos reformistas que ahora se presentan como la panacea del “nuevo modelo producido” fueron los que en los años 80 y 90 impulsaron el desmantelamiento y/o privatización de toda aquella estructura industrial. Los gobiernos de Felipe González fueron los principales adalides de la especialización de la economía española en el “sector servicios” para modernizarla. Se suponía que era el “modelo productivo” que traería progreso y desarrollo. Esta crisis ha derrumbado por completo aquel paradigma económico que ahora pretende ser sustituido por otro.

En última instancia, los problemas de crecimiento de la economía española a futuro no se sitúan tanto en el terreno del cambio sectorial como en el de la intensificación de la eficiencia productiva, de aumento del rendimiento de los factores en los sectores. Y esto, entiendo, es una conclusión importante desde el punto de vista del diseño de las políticas industriales.