El sindicalista y ex trabajador de Santana Motor, Francisco Poza, que entre los años 1994 y 2008 formó parte de la Ejecutiva de la unión provincial de CC OO en Jaén, inició ayer a las puertas de la factoría de Santana un nuevo calendario de movilizaciones a nivel andaluz con el objetivo de mantener la «denuncia pública» contra su «exclusión» de las ayudas sociolaborales previas a su jubilación en Santana Motor, compañía en la que trabajó durante varias décadas.
«El objetivo es que mi situación esté permanentemente en la opinión público ante un atropello de la Junta de Andalucía que va más allá de mi situación personal como trabajador, sino que es un misil contra la libre sindicalización», insistió ayer Poza durante la asamblea celebrada ayer con excompañeros de Santana a las puertas de la factoría, justo cuando se cumple el 20 aniversario de las protestas contra el cierre de la planta linarense a manos de Suzuki.
En concreto, Poza lamentó su situación de exclusión durante 25 meses de las ayudas sociolaborales pactadas para los exempleados de la automovilística «por desarrollar mi trabajo en defensa de mis compañeros», lo que le llevará el próximo 23 de abril hasta la sede de la Consejería de Economía en Sevilla «porque la calle y la palabra es lo único que me queda contra este atropello y el robo de mi presente, pasado y futuro» para exigir la implicación del Consejo de Gobierno andaluz. «La Junta no quiere resarcir el daño que me están causando porque me siguen exigiendo seis nóminas completas de trabajo en un periodo en el que se estaba desarrollando un expediente de regulación temporal de empleo, mientras que en 2008 yo disfrutaba de una excedencia por formar parte de la Ejecutiva provincial de CC OO», recordó el sindicalista.
Por su parte, el secretario provincial de Industria de CC OO, Antonio Ribó, aseguró que se revindicará los derechos de «un santanero de pro» ante una decisión «desafortunada de la Junta que obvia la ley de libertad sindical y qué significa una excedencia forzosa por actividad sindical».
Así, el sindicalista lamenta que la Junta de Andalucía «prefiera judicializar este asunto», a la vez que reconoce que se retirará el contencioso-administrativo tan pronto como el Gobierno andaluz restituya su situación de excluido «aunque eso no resarcirá el daño económico, físico y moral generado en este periodo», perjuicios que le llevarán a movilizarse en todas las provincias andaluzas, así como asistir al Palacio de San Telmo en el mes de septiembre.
Asimismo, con el objetivo de dar a conocer este «atropello», el sindicalista pretende «patearse las ocho provincias andaluzas» a través de una «batería de movilizaciones» y que tiene intención de concluir en septiembre ante la sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, en el sevillano Palacio de San Telmo.
ANIMO FRANCISCO POZAS.