Aunque no lo parezca, no le tengo manía a Gallardón, al contrario, antes de qué fuera Ministro, me parecía un buen político, abierto de mente, fiel a sus principios y respetuoso con quienes no pensaban como él.

Cuando se prestó “para lo que fuera en el Gobierno” ante un Rajoy que luego perdería las elecciones, en contra de su feroz enemiga Esperanza Aguirre, hace ya unos años y creyendo que entonces ganaría las generales el PP, cierta desconfianza me asaltó. Después, amigos y familiares que viven en Madrid, tanto de izquierdas como de derechas, me lo dijeron, “Gallardón es un mal político y peor gestor”. Pese a ese acuerdo tácito entre personas de una tendencia y de otra, y a ciertas evidencias, me negaba a creer tales afirmaciones, seguía confiando en que podría, con los años, llegar a ser incluso un buen Presidente del Gobierno.

Pero, después de la Ley del Aborto, que nos deja como país democrático por debajo de algunos como El Salvador, de la pérdida de gratuidad de muchos servicios judiciales, la perla más preciada del Ministro es la llamada popularmente Propuesta Mordaza, afortunadamente aún no Ley, que no es otra cosa que una censura encubierta para que periodistas y cronistas no puedan hablar de lo que ocurre en los juzgados y en los juicios, incumpliendo así el artículo 20 de la Constitución, que dice de la libertad de expresión y que en su apartado 2 nos cuenta: El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

Con ello, se quiere imponer la justicia en secreto, con el peligro que conlleva. La excusa es evitar los juicios paralelos, olvidando que, cuánto menos información existe sobre algo, más se especula y se opina sin conocimiento acerca de sus orígenes y consecuencias. Además, no podemos olvidar que, en nuestra joven democracia, muchas de las grandes causas de los juzgados han sido posibles a partir de denuncias periodísticas, desde los casos Roldán o Gal en épocas pretéritas hasta los Gurtel o ERES fraudulentos en las actuales, por citar ejemplos populares.

Muchos periodistas son los que han tirado de la manta y a ellos les debemos agradecer los ciudadanos y la justicia, a pesar de los políticos, que la credibilidad de jueces y fiscales no esté en España al nivel de Guinea o de Corea del Norte, por poner ejemplos radicales.

La ley vigente posibilita sancionar al periodista que vulnera los códigos, ¿para qué mordazas a la información? Sin una prensa libre no hay democracia que valga. ¿Por qué no una ley que juzgue severamente a quienes difaman sin pruebas en lugar de impedir que se muestren pruebas de un delito?

En otro orden de cosas, con respecto a las leyes de Gallardón, la Asociación Europea de Jueces considera que la pretendida reforma del Ministro pondría en peligro la independencia del Poder Judicial; por ejemplo le parece muy grave que el fiscal pueda ser el responsable de una investigación penal, en lugar de un juez instructor, como hasta ahora, sabiendo que el Ministerio Público, es decir, ese fiscal, depende orgánicamente del Gobierno de turno.

La Ley Mordaza, así como gran parte de la reforma judicial de Gallardón, por fortuna aún no ha sido aprobada al completo. Algunos dirán que por qué entonces sacarla a relucir si su procedimiento se ha detenido, la respuesta es bien sencilla: Si esperamos a que se apruebe, a que ocurra, habremos perdido un porcentaje de democracia muy elevado y valioso y, cualquier otro gobierno que venga después puede caer en la tentación de no cambiarla, por lo golosa que es para el poder la censura legalizada. Así, si se empieza a denunciar antes de que se apruebe, a lo mejor la presión ciudadana consigue evitar que se lleve a término, salvo que los ciudadanos deseen una Ley Mordaza, claro.