A pesar del enorme revuelo levantado ante la población, abogados, fiscales y jueces, sobre la imposición de las tasas judiciales a los ciudadanos, transcurridos cuatro meses todo sigue igual, y no hay esperanza de que esto tenga vuelta atrás por parte del Gobierno de España.

Desde nuestra perspectiva entendemos, que el desembolso de las tasas judiciales son excesivas, y no se ajustan a la doctrina constitucional por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocida en el Art.24.1 de la Constitución Española.

Estas tasas suponen un gran daño a las clases medias y trabajadoras, que no pueden beneficiarse de las exenciones dispuestas para las rentas más bajas, que si pueden acogerse a la justicia gratuita, como es lógico en un Estado del Bienestar.

Un gran sector de la población, no podrá acogerse, ni utilizar la justicia, por la exigencia de unos requisitos impeditivos u obstaculizaciones de acceso a la jurisdicción, quedando solo para los más pudientes.

Las tasas que se pretenden imponer son:
En el orden jurisdiccional civil: verbal y cambiario 150 €, ordinario 300 €, monitorio, demanda incidental en proceso concursal 100 €, ejecución
extrajudicial 200 €, concurso necesario 200 €, recurso de apelación 800 €, recurso de casación y extraordinario por infracción procesal 1.200 €.
En el orden contencioso-administrativo: abreviado 200 €, ordinario 350 €, apelación 800 €, casación 1.200 €.
En el orden social: suplicación 500 €, casación 750 €.

Y en otros aspectos, como por ejemplo: una multa de tráfico con una sanción de 100 €, se requiere el desembolso de una tasa de 200 € para poder recurrirla, por lo que consideramos que estas “tasas desproporcionadas” se convierten en un obstáculo para que los ciudadanos puedan defenderse ante los tribunales.

Igualmente destacar lo injusto de que un trabajador despedido en primera instancia por una Empresa le cueste 500 €. Tampoco podemos olvidar el incremento de las tasas para juicios verbales (de 90 a 150 €), juicio ordinario (de 150 a 300 €), por apelaciones (de 300 a 800 €).

Los andalucistas consideramos excesivas dichas tasas para la defensa de nuestros derechos como personas en un Estado de Derecho, por lo que instamos al Sr. Gallardón (Ministro de Justicia del Gobierno de España), que reconsidere su anteproyecto de Ley, anunciando la eliminación de la subida de dichas tasas.