Un total de 16 familias jiennenses, cuyas casas ya han sido embargadas y se encuentran en situación de especial emergencia, podrían ser las primeras en beneficiarse en Jaén del nuevo Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado martes y que entrará en vigor a partir de hoy jueves, con su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Así lo ha destacado la delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, que, acompañada del delegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Juan Antonio Sáez, ha ofrecido una rueda de prensa sobre el contenido y repercusión de la nueva normativa impulsada por la Junta de Andalucía, que garantiza la función social de la vivienda y refuerza la lucha contra los desahucios hipotecarios.
Gálvez ha señalado que se trata de una medida de indudable calado social, “que da respuesta a una insistente demanda de la ciudadanía y sitúa, una vez más a Andalucía, como referente en el conjunto de España”. En este sentido, ha destacado que el decreto ley pone de manifiesto el contraste de las políticas de un gobierno progresista, “frente a lo que se hace en el resto de nuestro país y, muy especialmente, que en nuestra Comunidad Autónoma se practica un modelo diferente que antepone las personas frente a cualquier otra consideración o intereses”. “Con esta iniciativa, introducimos un giro radical en la forma de encarar la vivienda, al pasar de considerarla como una mercancía a un derecho con mayúsculas”, ha agregado.
La delegada ha puesto de relieve la respuesta del Gobierno andaluz “ante la situación de emergencia social” con una alternativa social y política en materia de vivienda desde una triple perspectiva: prevención, intermediación y protección. Para ello, se ha dotado del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, con herramientas como las oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía, que inició su actividad en la capital jiennense a principios de octubre del año pasado.
“De forma complementaria, ahora ve la luz este decreto-ley, que constituye una réplica contundente a esa situación de evidente emergencia social dentro de un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas”, ha subrayado Gálvez, que ha resaltado que a través de ambas iniciativas, se pretende combatir el fenómeno de los desahucios. “Gracias a la intermediación de la Oficina del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda en Jaén, se han evitado un total de 89 desahucios hasta mediados de marzo”, ha concretado.
Otro de los objetivos principales que persigue la nueva normativa impulsada por el Gobierno andaluz se encuentra hacer aflorar el máximo número posible de viviendas vacías, que a nivel andaluz se estima entre 700.000 y 1 millón, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias. De este modo, se tratará de fomentar el alquiler de esos inmuebles a través de las medidas que incluye el decreto. “No en balde, en los registros municipales de demandantes de VPO tenemos a más 1.700 personas en la provincia jiennense que solicitan un hogar en régimen de alquiler. Esta es una muestra fehaciente de que es necesaria una mayor oferta de alquiler y que los demanda de vivienda no puede abastecerse sólo mediante la construcción de nuevos inmuebles”, ha concluido Gálvez.
Por su parte, el delegado territorial de Fomento y Vivienda ha destacado el “potente” marco jurídico en el que se encaja el decreto, con artículos de la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía o la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, y que se “equipara a medidas legislativas de otros países como el Reino Unido, Francia, Holanda o Suecia”. En la misma línea, Juan Antonio Sáez ha valorado que el aspecto fundamental de la normativa se encuentra en garantizar la protección de las familias cuyas viviendas hayan sido embargadas por los bancos y se encuentren en riesgo de exclusión social. “La Administración autonómica expropiará temporalmente el uso de esas viviendas con los recursos jurídicos necesarios, durante un periodo máximo de tres años, para lo que se aportará el 2% del valor de adjudicación y, así, garanticemos que esas familias disfruten del derecho a una vivienda digna”, ha apostillado.
En este punto, ha señalado que existen tanto garantías de financiación como jurídicas para las entidades que puedan ser objeto de embargos, así como para dar respuesta a los propios demandantes de viviendas. “Vamos a trabajar para que haya tanto un registro fidedigno de demandantes de vivienda a nivel provincial, como un registro y un observatorio de los inmuebles vacíos, con el objetivo de regular la situación”, ha apuntado el delegado, que ha añadido que habrá a disposición de los ciudadanos medidas de fomento para el arrendamiento de viviendas. “Del mismo modo, se contemplan mecanismos de sanciones para aquellas entidades que no declaren al mes de la entrada en vigor de este decreto ley los inmuebles vacíos de que disponen”, ha apuntado Sáez.
Momento de la rueda de prensa
