La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Csif considera un obstáculo y un retroceso para los ciudadanos y para los funcionarios del la Administración de Justicia la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de reducir, casi a menos de la mitad, los partidos judiciales existentes en la actualidad. De hecho, en Jaén, las primeras informaciones apuntan a que los partidos judiciales pasarían de diez a tres en toda la provincia.
En este sentido, cabe recordar que el CGPJ ha aprobado los principios y criterios básicos para el nuevo modelo de demarcación judicial cuya aplicación será la reducción de los 431 partidos judiciales a menos de la mitad, entre 190 y 200, y por lo tanto, la fusión de los partidos judiciales actuales. El CGPJ, bajo la premisa de atención y proximidad al ciudadano y evitar desplazamientos del justiciable mediante la comunicación telemática y el uso de las nuevas tecnologías propone la sustitución del término partido judicial por “circunscripciones”, y la creación de estas circunscripciones resultantes con una población superior a cien mil habitantes, lo que significará que en municipios y provincias con una densidad de población menor se verán privadas de un acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad con las grandes poblaciones, además, agravarán la situación de las personas con discapacidades de escasa movilidad y con graves problemas de comunicación y acceso a los edificios judiciales.

Desde Csif consideran que será un obstáculo y otro elemento disuasorio más (tasas judiciales cuyo sujeto tributaria sea la persona física) al ejercicio de los derechos ante los juzgados y tribunales por los ciudadanos.
Asimismo, y por lo que respecta a los empleados públicos que prestan servicio en la Administración de Justicia, significaría una regresión de sus derechos (traslados de domicilios y familia, desplazamiento a diario de centro de trabajo actual al nuevo, etc.), en conclusión, unas medidas que si se confirman supondrán un retroceso en el acceso a la justicia del ciudadano y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de todos los que trabajan en la Administración de Justicia (gestores, tramitadores, funcionarios de auxilio judicial, secretarios judiciales, médicos forenses, jueces…). “No podemos cargar al ciudadano, en estos momentos actuales, con nuevas tasas y con desplazamientos que disuadan o limiten el derecho a la tutela judicial efectiva. La Justicia es un servicio público esencial y básico para todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que residan”, aseguran desde el sindicato.
Por lo tanto, para Csif el problema de la administración de Justicia no es el personal funcionario, sino el derroche en medios tecnológicos inoperativos, por lo que la amortización de plazas, si es lo que pretende la Administración como ocurrió con la experiencia de la NOJ, aseguraría el fracaso de este modelo.