El Gobierno central está anunciando los recortes a la escuela pública recogidos en los Presupuestos Generales del Estado de manera paulatina y ambigua. Es necesario un ejercicio de transparencia que este Gobierno no quiere permitirse porque lo que planea es “una agresión inconcebible a la escuela pública como pilar del Estado de Bienestar”, se argumenta desde CCOO.

Así, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía, José Blanco, explica que “el aumento del horario al profesorado tiene el objetivo de reducir las plantillas docentes, dejando de contratar al profesorado interino, de manera que en los centros educativos se producirá una disminución del número de docentes que, sin embargo, tendrá que atender a un alumnado en número creciente”. Y continúa Blanco: “el recorte en las becas también resulta muy considerable, pues merma la capacidad de la escuela pública para compensar las desigualdades sociales en el ámbito académico, razón de ser de este pilar del Estado de Bienestar”.

“Pero para CCOO –se añade desde el sindicato– lo más grave de todo es el recorte de 3.000 millones de euros en Educación, anunciado recientemente por el Gobierno, como consecuencia del chantaje y la presión por parte de los especuladores que dominan el mercado financiero”. El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía indica que “esto supone la aceptación por parte del Gobierno de las medidas impuestas desde los mercados, cuyo objetivo es la paulatina privatización de la escuela pública: mermando la atención a la diversidad, abarrotando las aulas de alumnado y castigando las infraestructuras educativas”.

“Por otra parte –concluye Blanco– CCOO tampoco va a consentir que las condiciones laborales del profesorado vuelvan a sufrir otro ataque. Además del aumento del horario docente, el Gobierno está lanzando globos sonda en torno a un nuevo recorte de los salarios, mientras planea la aplicación de medidas como la amnistía fiscal para los defraudadores. CCOO continuará movilizándose frente a estas políticas injustas que se centran exclusivamente en la disminución del gasto sin atender a los ingresos, precisamente cuando más necesario es un sistema educativo público que mejore la formación de los trabajadores para conseguir una economía más productiva y garantizar la igualdad de oportunidades”.