El Gobierno andaluz ha aprobado el decreto regulador del Consejo Andaluz del Olivar. Este órgano colegiado de participación, integrado por administraciones públicas, entidades representativas del sector, personas expertas y agentes económicos y sociales, se encargará de asesorar y elaborar propuestas para el mantenimiento y mejora del cultivo, el desarrollo sostenible de los territorios olivareros, la promoción de sus productos y el fomento de la calidad, entre otras materias.
El Consejo estará presidido por la persona titular de la Consejería de Agricultura y Pesca e integrado por una vicepresidencia (Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica) y 24 vocalías en representación de la Junta de Andalucía; las organizaciones profesionales agrarias); las federaciones de cooperativas agrarias; las organizaciones empresariales y sindicales; la Asociación Española de Municipios del Olivo; organizaciones de consumidores y usuarios, y las entidades de economía social relacionadas con el sector, así como seis personas expertas.
Además de sus funciones de asesoramiento, el Consejo tendrá competencia para emitir informes preceptivos sobre el Plan Director del Olivar, antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno. Este documento, que actualmente elabora la Consejería de Agricultura y Pesca, tendrá una vigencia de seis años y contendrá las líneas de actuación previstas por la ley que el Parlamento andaluz aprobó en 2011 para reforzar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, principal actividad económica de 250.000 familias en más de 300 municipios.
Los objetivos del plan se resumen en dos grandes bloques de medidas. El primero, de impulso a la competitividad, incluye el respaldo a la modernización de las explotaciones tradicionales potencialmente productivas; el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas e industriales; el fortalecimiento de los programas de investigación, innovación y formación; la concentración de la oferta a través de medidas de apoyo al asociacionismo empresarial, y el fomento de la calidad y promoción de las producciones.
El segundo bloque, referido a la sostenibilidad, prevé la ampliación de las políticas que actualmente se desarrollan para mantener la renta de los olivicultores; impulsar la multifuncionalidad y diversificación de explotaciones e industrias, y apoyar la producción ecológica, el uso eficiente de los recursos hídricos y el olivar situado en zonas con desventajas naturales.
Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas y 320.000 explotaciones, concentra la tercera parte del olivar europeo, el 40% de la producción mundial de aceite de oliva (en torno al millón de toneladas) y el 20% de la de aceituna de mesa (400.000 toneladas). Ambas producciones tienen un gran peso en la balanza comercial andaluza, con unas exportaciones que representan el 21% y el 7% del total de ventas de productos agroalimentarios al exterior, respectivamente. El aceite de oliva supone el 24% del valor de la producción agraria regional.
El olivar andaluz, que representa el 60% de la superficie olivarera española, se distribuye por las ocho provincias, con especial relevancia en Jaén, el sur de Córdoba, el noroeste de Granada, el norte de Málaga y sudeste de Sevilla. La actividad vinculada a sus explotaciones genera más de 22 millones de jornales al año.
